Foro por la Justicia del CGAE
Acta de la reunión de fecha 18.11.04
Lugar: Salón de actos del CGAE

Asistentes (por orden de asociación representada):

• Don Higinio Capote.
• Don Javier de la Cueva González-Cotera.
• Don Carlos García Viada.
• Don Juan Manuel Ruiz Fernández.
• Don Antonio Acosta.
• Doña Concha Gil Ruiz.
• Don José Luis Cembrano Reder.
• Don Jesús López-Arenas González.

La reunión se ha desarrollado inicialmente dirigida por Don López-Arenas González, del Consejo General de la Abogacía Española
quien ha introducción a los nuevos asistentes quienes han procedido a presentarse.

Inmediatamente después de lo anterior, Don Carlos García Viada, del Consejo General del Notariado, procede a presidir la reunión.

De las intervenciones interesa destacar:

Interviene Don Jesús López-Arenas González y expone cómo se va trabajando en las otras comisiones, buscándose ser concretos y
concisos, concretar las reivindicaciones o las modificaciones legislativas que se proponen.

El plazo para realizar lo anterior, a efectos de que el Foro para la Justicia sea algo ágil, sería para mediados de diciembre y entonces elevar al pleno del Foro no más de tres o cuatro propuestas, redactándose un primer documento para enviar al Ministerio de Justicia, sin perjuicio de seguir con la actividad de la Comisión a partir de enero.

Por Don Higinio Capote pregunta acerca de la autoría del documento sobre Derechos del Ciudadano que se ha utilizado, contestándose por Don Javier de la Cueva que entiende, salvo mejor criterio de los demás, que es el último borrador que se realizó en el ámbito de la Generalitat Valenciana.

Se plantea la metodología de trabajo de la comisión, dado que existen dos documentos que pueden servir de base: la Carta de Derechos de los ciudadanos, del Ministerio de Justicia, y el texto de la Generalitat Valenciana utilizado.

Por Don Juan Manuel Ruiz Fernández se hace referencia a que por su parte se han propuesto cuestiones concretas en forma de enmienda, habiéndose remitido a la lista de correo su documentación, en la que destaca buscar una solución a la problemática del menor, que no puede llamar a un abogado de su confianza para la herencia de su padre, por ejemplo.

Por Don Carlos García Viada se plantea la posibilidad de subcomisiones, sin que se tome determinación sobre el tema.

Por Doña Concha Gil Ruiz se concreta en el apartaro 10 del punto 1 del texto de la Generalitata de Valencia. ¿Que defensa tiene el ciudadano si la pericia caligráfica no está reglamentada?

Don Jesús López-Arenas González expone que otra cuestión sobre la que incidir sería el uso de una terminología apta para el ciudadano.

Por Don Antonio Acosta, se plantea que las propuestas reflejen los intereses de los ciudadanos y pone como ejemplo las demandas
colectivas. Partiendo de la base de los textos que tenemos, se deberían intentar desarrollar puntos, intentar hacer llegar ese punto
al mayor número posible de ciudadanos. Un folleto informativo en el que se marquen las pautas, cosas básicas que pueden parecer naïf, pero que pueden ser materializables y tener repercusión ante aquellos a los que se enviará el documento; ideas sencillas que puedan escucharse por el Ministerio de Justicia.

Por Don Juan Manuel Ruiz Fernández se propone como fórmula una de carácter mixto, que sería aprobar una carta de derechos del usuario, pero sería tan larga que chocaría con la eficacia.

Don Higinio Capote pregunta si se ha hecho una fusión o comparación de los dos documentos.

Don Jesús López-Arenas González expone que no, y que los dos modelos son uno oficial del Ministerio Justicia mientras que el texto de Valencia proviene de los profesionales de la Justicia, tarea de comparación que Don Jesús López-Arenas González propone para Doña Ana Móner Romero y para Doña Concha Gil Ruiz.

Por Don Juan Manuel Ruiz Fernández se expone que hay que completar lo que salga de la comparación de las cartas más lo que proponga la comisión.

Don Jesús López-Arenas González manifiesta que hay que centrarse en dos cuestiones que, en particular, afectan de manera directa al ciudadano:

1. Una terminología en favor de los ciudadanos, que sea entendible por los mismos.
2. El principio de seguridad jurídica, que se ha venido abajo desde la reforma procesal de 1988, ya que antes de dicha reforma, se establecía el criterio a seguir por las Audiencias Territoriales y muy poco llegaba al Tribunal Supremo, mientras que en la actualidad, en cuanto se acude a una Audiencia Provincial, no hay coherencia entre todas las Audiencias, por lo que no hay seguridad jurídica.

Por Don Higinio Capote se manifiesta que en el punto 1.2. del documento de la Generalitat Valenciana encajaría la propuesta de
cambiar el vocabulario.

Don José Luis Cembrano Reder expone que también es intimidatorio el abogado cuando envía cartas a los ciudadanos.

Don Jesús López-Arenas González manifiesta estar de acuerdo con lo dicho. Como ejemplo de inseguridad jurídica en otro ámbito, se refiere también a la actuación de los notarios, que puede también conllevar una indefensión cuando se lee un borrador de escritura, se corrige el mismo pero luego no se lee el original una vez hechas las correcciones.

Don José Luis Cembrano Reder expone que este problema se halla a la orden del día y que debemos contar con un comportamiento ético. Sistemas encriptados. Accesibilidad a la Justicia.

Por Don Higinio Capote expone que hay que concretar una sola propuesta, que sería un texto de lo hecho más las cuestiones
específicas que se consideren relevantes.

Por Don Juan Manuel Ruiz Fernández se manifiesta que en la Junta de Jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, ha realizado unos criterios que se seguirán, por lo que la coherencia entre los Jueces puede resolverse.

Sugiere que una de la propuesta sea en favor de la persona detenida y en particular en el caso del menor.

Don Jesús López-Arenas González expone que dio una charla cuando la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor. Había dos artículos (17 y 22, cree recordar) sobre el deredho del menor detenido a la asistencia de Letrado y por parte de las fuerzas de seguridad del Estado se defendía la postura de que se tenía derecho cuando estuviese realizado el expediente.

Don Juan Manuel Ruiz Fernández manifiesta que en la situación de los menores, se les da menos derechos que a los mayores.

Doña Concha Gil Ruiz trae la propuesta elaborada sobre la regulación de los peritos.

Don José Luis Cembrano Reder pregunta ¿Dónde encaja la cuestión que plantea Concha? Que conforme a la regulación legal, la regulación es general para todos los peritos. Hay pruebas periciales para las que se solicitan profesionales y otras en las que no. No entiende que se haya marginado a los peritos calígrafos.

Doña Concha Gil Ruiz expone que los peritos Psicólogos y Médicos tienen colegios profesionales, lo que da una cierta regulación de la profesión, lo que no se produce con los peritos calígrafos ya que puede serlo cualquier persona sin conocimientos suficientes.

Por Don Antonio Acosta se expone que la relevancia del lo expuesto por Doña Concha Gil Ruiz entiende que no es global y que se sale del objetivo del foro.

Por Don Javier de la Cueva se platena que habría que verificar en qué categoría de peritos existe el problema detectado.

Don Jesús López-Arenas González le indica a Doña Concha Gil Ruiz que lo envíe a la lista de correo, con indicación de cuál es el problema y cómo puede resolverse. Una vez enviado, si el tema parece correcto se aprueba y si no, no se aprueba.

Por Don Javier de Cueva se señalan puntos que entiende relevantes con respecto a las tecnologías de la información y que consisten en:

1. El nuevo timbre sobre las actas de los secretarios judiciales, que es el canon sobre los soportes digitales que existe al amparo del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual.
2. El hecho de que los programas que utilice la Administración de Justicia no pueden ser propiedad de ninguna empresa privada, por lo que deben ser independientes de una propiedad intelectual ajena.
3. En lo que respecta a los edictos judiciales, éstos deben realizarse en formato electrónico ya que el mero papel a la puerta de un Juzgado no tiene la trascendencia de publicidad que se busca con los edictos.

Por Don Higinio Capote se manifiesta que debe proponerse la grabación de todas las vistas penales.

Al hilo de este último comentario, Don Jesús López-Arenas González expone que hay que potenciar el principio de seguridad jurídica ya que eliminar la oralidad en las apelaciones es un disparate.

Don Higinio Capote alude a la posible competencia de este tema por la Comisión cuatro y Don Jesús López-Arenas González expone que lo que abunda no daña.

Por Don Jesús López-Arenas González se plantea la revisión que debería, quizás hacerse, de la función de los Procuradores una vez
existan las conexiones electrónicas necesarias y Don José Luis Cembrano Reder manifiesta que el Procurador pudiera ser de carácter voluntario en el momento en que exista una comunicación directa.

Interviene Don Carlos García Viada para hacer un resumen de los puntos tratados y que se resumen en los siguientes:

1. El uso de una terminología adecuada.
2. La labor de cotejo de los dos documentos: Carta de derechos del Ministerio de Justicia y la realizada por los profesionales del ámbito de la Comunidad Valenciana.
3. La seguridad jurídica.
4. La asistencia letrada al menor.
5. La falta de regulación de profesiones aptas para ser peritos judiciales.
6. La propiedad intelectual de las aplicaciones que gestionan la Administración de Justicia.
7. El timbre en forma de canon en los juicios orales.
8. Los edictos en formato electrónico.
9. La potenciación de la oralidad.
10. La grabación de los juicios penales.

Se propone la siguiente reunión para el próximo 1 de diciembre de 2004, miércoles, a las 16.30 horas en la sede del CGAE.

Don Jesús López-Arenas propone que Don Javier de la Cueva se encargue del envío por correo electrónico del acta a los miembros de la comisión.

Se levanta la reunión siendo aproximadamente las diecinueve horas.